Varios factores confluyen para generar desconfianza con el reciente anuncio de que las obras serán adjudicadas a muy corto plazo.

Tras meses de incertidumbre y presiones ejercidas por diferentes actores ligados a la vida de la vía navegable, el Gobierno nacional insinuó que en cuatro meses, a más tardar, pondrá en marcha la licitación para el dragado, balizamiento y mantenimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay y otras obras relacionadas. Así lo dejó entrever el flamante presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), Ariel Sujarchuk.

Pese al buen augurio oficial, los operadores económicos ligados al canal por donde sale la amplia mayoría de las exportaciones argentinas al mundo descreen que se puedan cumplir tales plazos, por varios motivos.

La gestión de la vía navegable fue objeto de contrapuntos desde que el Estado decidió romper el status quo de las continuas prórrogas al contrato sellado en la década del 90′, concedió a la Administración General de Puertos (AGP) la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado, y estableció un nuevo ente encargado de llamar a la licitación de largo plazo, en acuerdo con el Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), por el que se le dio participación a todas las provincias con costas en la cuencia de los ríos Paraná y Paraguay.

Los agentes económicos consideran que una licitación de largo plazo como la que se proyecta requiere una ingeniería que, por el momento, no se está ejecutando, y que los estudios técnicos, ambientales de impacto y otros procedimientos, demorarán hasta fin de año el eventual lanzamiento de las convocatorias. «Con suerte, podremos llegar a tener la obra adjudicada hacia fines de 2023», señaló una fuente del sector a al matutino porteño El Cronista.

Otro de los factores puestos en consideración es la tirantez que existe entre los mismos organismos de control y la política. La Hidrovía expone visiones contrapuestas entre la AGP, conducida por el interventor José Beni, ligado al kirchnerismo; la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, a cargo de Leonardo Cabrera, hombre del gobernador entrerriano Gustavo Bordet; el titular del Ente, Ariel Sujarchuk, del peronismo bonaerense, y los propios gobernadores, que ven en su participación una posibilidad de empujar sus intereses.

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