El gobierno le exige a Díaz & Forti que liquide divisas adeudadas por 450 millones de dólares para volver a darles el alta en el RUCA. Por su parte, el grupo cuestiona ese número y señala que hay una «operación orquestada» contra ellos y Vicentin. “Creo que hay muchos funcionarios públicos que tendrán que dar explicaciones”, advirtió el Ceo de la empresa.

El grupo Olio realizará en estos días diferentes presentaciones judiciales contra funcionarios del Ministerio de Agricultura de la Nación debido a la suspensión que pesa sobre la compañía para no dejarla operar a través de Díaz & Forti, firma que utilizan para canalizar las exportaciones. Desde la empresa, que se encuentra operando mediante contratos de fasón las plantas de Vicentin, denunciaron una “operación orquestada” en su contra hasta tanto no liquide divisas adeudadas por exportaciones del orden de los 450 millones de dólares.

El viernes pasado, el gobierno nacional decidió suspender a Díaz & Forti del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA). Esto significa que no puede operar en el mercado ni exportar. Es que el Banco Central detectó que la firma no liquidó el 98% de sus exportaciones, por una cifra de 450 millones de dólares.

Por su parte, el grupo Olio señala una animosidad del gobierno nacional para con Vicentin, que los afecta de manera directa. “Creo que hay gente que tiene mucha bronca y enojo contra el directorio de Vicentin, contra las personas que lo integran, y ponen una bomba general con el propósito de matar a pocos, pero en el medio van a romper fábricas y hogares, dejando a gente sin trabajo. Si el objetivo fue destruir a quienes cometieron un error, por ahí lo logran, el tema es que en el medio generan daños colaterales que creo pueden llegar a ser grandes”, expresó el CEO del grupo Olio, Fernando Jurado.

“El efecto que podrá tener sobre nosotros, más allá de las acciones legales que estamos llevando adelante, será esperar a que levanten la suspensión del RUCA para poder volver a operar; mientras tanto, Vicentin tendrá que ver cómo paga sus cuentas sin oxígeno”, amplió Jurado. El CEO se refiere al impacto que esto tendrá sobre el pago de salarios. Es que Vicentin depende de la operatoria del grupo Olio, que trabaja las plantas de San Lorenzo y Ricardone, hoy su única fuente de ingresos, para poder mínimamente funcionar: esto es afrontar las remuneraciones del personal y mantener sus fábricas.

Si el grupo Olio no puede exportar -adujeron- la rueda se rompe. No se pueden pagar los salarios de los trabajadores, pero tampoco ingresan los granos que aportan los productores. En estos momentos, las plantas están trabajando con el remanente del stock de granos y estiman que podrán despachar 5 barcos esta semana y seguir con las fábricas abiertas al menos 10 días más.

“No tenemos bolsillo para corregir en 72 horas. Está todo orquestado, en tres días hábiles ponen la medida”, dijo Jurado respecto a la postura oficial de que no recibirán el alta en el RUCA hasta tanto no cancelen la deuda. Además, el empresario cuestionó el monto, ya que sostiene que se trata de menos de la mitad de los 450 millones de dólares mencionados.

“Vamos a iniciar acciones legales porque creemos que estas cosas ameritan notificaciones previas en las cuales se permita la posibilidad de realizar descargos. Además es un poco incoherente, porque las operaciones que paran son de ingreso de divisas, entonces cuando desde el Banco Central ordenan que no podemos seguir operando. No entiendo cuál es la lógica. Creo que hay muchos funcionarios públicos que tendrán que dar explicaciones, especialmente por la velocidad de las decisiones tomadas, en las cuales tres organismos públicos, en el término de 48 horas, comunicaron y ejecutaron acciones de una manera que ni una empresa privada lo hace así. Es admirable eso: quiero a esos funcionarios públicos actuando con esa eficiencia; lamentablemente, trabajan así selectivamente, no todos los días”, agregó.

Finalmente, el CEO del Grupo Olio confirmó que las acciones legales iniciadas están dirigidas contra “personas y organismos públicos por excederse de sus funciones». «Ojalá que estos funcionarias nos contesten cómo hacen para trabajar con una modalidad ‘Argentina 5.0’, en lo que hemos dado en llamar ‘operación 1-2-3’. Es una operación muy bien armada en la que lamentablemente no ven que somos un tubo de oxígeno; lo que hicieron es cerrar una válvula, nosotros seguimos con oxígeno, pero el enfermo que necesita el oxígeno, no”, concluyó.

Fuente: elciudadanoweb.com