Lo acordó la provincia con los propietarios del predio donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar. Una ley establecía su expropiación para la instalación de un museo y de un espacio para actividades culturales.

Aunque faltan concretar algunos trámites menores, el gobierno provincial ya acordó con los propietarios la «donación de una parte» del predio donde, durante la última dictadura cívico-militar, funcionó el Centro Clandestino de Detención La Calamita, un lugar de la ciudad de Granadero Baigorria que fue escenario de detenciones ilegales, torturas y crímenes para un centenar de personas, en su gran mayoría desaparecidas.

Así lo informaron al diario La Capital de Rosario fuentes de la provincia, que señalaron que la toma de posesión formal del lugar donado es inminente. Se trata de una superficie de dos hectáreas sobre un total original de 20, cercanas a la traza de la autopista Rosario- Santa Fe y cuya entrada principal es por la calle Eva Perón, justamente la que establece el límite sur del hospital de Granadero Baigorria. En ella se encuentra el edificio que sirvió como centro clandestino y otras instalaciones. En el lugar se prevé la instalación de un museo y un espacio para otras actividades culturales propias de los denominados «sitios de memoria».

«Técnicamente ya no es correcto hablar de expropiación; si bien habíamos presentado una demanda de expropiación hace un tiempo, en el proceso de la misma se llegó a un acuerdo. Yo hablo de adquisición porque precisamente este miércoles se llegó a un acuerdo por el cual los actuales propietarios efectivos de ese predio, la familia Benzadón, donan a la provincia dos de las 20 hectáreas del lugar», indicó en declaraciones a La Capital el ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial Ricardo Silberstein.
Antes del 24 de Marzo

«Queríamos que la sociedad y los organismos tuviéramos esto para antes del 24 de Marzo. Este es el primer centro clandestino que, contrariamente a otros que funcionaron en lugares oficiales, lo hizo en una propiedad privada», destacó el ministro, para quien es indispensable que en el lugar se haga un museo.

«Evidentemente, allí se deberá acordar con los organismos de derechos humanos de la zona, con las entidades, cuál debe ser el destino de ese espacio. Me parece que debería tratarse de un museo dinámico. El gobernador quiere algo emblemático que se recuerde y se respete, que no olvide las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, pero también para que se respeten los derechos humanos en el presente y en el futuro, ratificando un «Nunca más», al terrorismo de Estado», indicó Silberstein.

En relación con este tema en particular, el ministro recordó el claro pronunciamiento del área a su cargo contra el «negacionismo» de algunos sectores políticos y del propios gobierno nacional, expresado en el intento del cambio de fecha de la conmemoración del golpe de Estado de 1976 o la reducción de los crímenes de la dictadura a un problema numérico. «Es subvaluar, minimizar, relativizar algo que fue tremendo y que se parece a quienes niegan el holocausto judío diciendo que las víctimas no fueron seis millones, sino cinco, como si fuera menos grave. Pero para nosotros lo simbólico tiene una gran gran significación.»Que el predio de La Calamita estuviera alejado del casco urbano es una prueba más de la vergüenza y la culpa que los obligaba a ocultarse y que además todo era parte de un plan sistemático de exterminio», expresó.

Otra notable impulsora de la expropiación de La Calamita es la diputada por el partido SI, Alicia Gutiérrez. La legisladora declaró a este diario: «Cuando se concrete la toma de posesión del lugar, seguramente se va a contar con una comisión de trabajo que controle. Nosotros hemos votado una ley de memoria por la que estamos pidiéndole al gobernador que la reglamente. Incluye la señalización de los «sitios de memoria» de la provincia de Santa Fe y establece el destino que se le va a dar a todos esos lugares, como la Quinta de Funes —a la que debemos expropiar antes de fin de año—, o como La Calamita», manifestó.

«Hay que tener en cuenta que el predio y las instalaciones de La Calamita están muy destruidas y habrá que trabajar en ese espacio», indicó la legisladora que impulsa desde hace años la medida expropiatoria que ahora adoptó el Ejecutivo provincial. “La tendencia, en este tipo de instalaciones es tratar de conservar y no modificar las estructuras originales”.

La legisladora consideró que una puesta a punto del lugar como sitio de memoria por parte del municipio seria difícil y no creo que a la Nación le importe contribuir a esto. Hay sectores del actual gobierno que representan todos los intererses de quienes dieron el golpe. Funcionarios como Lopérfido. el presidente o Gómez Centurión son de los que lo dicen, pero en el gobierno nacional hay muchos más que lo piensan. También en el negacionismo hay algo de maniobra distractiva que se hace para que no discutamos las políticas neoliberales que implementan”, consideró.

Proyecto de ley

Antes del diálogo con La Capital, la legisladora publicó un texto donde recordó que su proyecto de ley de expropiación fue aprobado en 2014, luego dos intentos anteriores en los que perdió estado parlamentario.

“Nos complace ver que, a diferencia del gobierno nacional y sus políticas negacionistas del genocidio, en Santa Fe el gobierno de la provincia ha hecho efectiva esta medida que va a trasformar un símbolo de la represión y la violencia estatal durante la dictadura en un lugar que cumplirá un rol social, educativo y cultural fundamental para que las próximas generaciones conozcan el pasado reciente”, indicó Gutiérrez en su comunciado por las redes sociales.

También recordó la legisladora que La Calamita “funcionó bajo la órbita del II Cuerpo del Ejército y se presume que por allí pasaron más de cien hombres y mujeres que fueron secuestrados, torturados y hoy se encuentran desaparecidos, como así también embarazadas cuyos bebés fueron apropiados”.

La mayoría de los casos de desaparecidos en La Calamita están incluidos en la Causa Guerrieri III que se tramita actualmente en la Justicia Federal de Rosario.

Fuente y foto: La Capital.