La resolución de Cosentino es «con continuación de la explotación de la empresa por 30 días para evitar riesgos ambientales y garantizar fuentes de trabajo».

A dos días de haber venido a San Lorenzo para reunirse con trabajadores, sindicalistas, síndicos e interventores, el juez comercial Javier Cosentino dictó la quiebra de Oil Combustibles. La medida es «con continuación de la explotación de la empresa por 30 días para evitar riesgos ambientales y garantizar fuentes de trabajo», buscando así mantener los puestos de trabajo de la refinería sanlorencina. También se extendió la intervención durante 60 días.

Ahora comienza un período de evaluación de ofertas sobre los bienes de la empresa: el juez otorgó 72 horas para las empresas interesadas en adquirir la compañía. Los interesados en adquirir los activos de Oil Combustibles podrán ofertar, y será el juez Cosentino quien decida a favor de la mejor propuesta. A priori, aparecen interesadas Trafigura y la estatal YPF.

La petrolera Oil Combustibles, que emplea a 450 trabajadores de San Lorenzo y la región, cuenta con una red de 250 estaciones de servicio, una importante flota de camiones y vehículos, una planta fluvial a orillas del río Paraná, la refinería e inmuebles, entre otras propiedades.

«Agilizar esta decisión no es en desmedro de los intereses aquí afectados. Por el contrario, debe primar a partir de ahora y en adelante la preservación del patrimonio de la deudora que, constituye -nada más ni nada menos- que la prenda común de los acreedores», indicó Cosentino en una resolución de once páginas.

A su vez, el juez remarcó que «debe tenerse especialmente en cuenta en lo posible la preservación de las fuentes laborales y la cuestión ambiental, absolutamente presente a lo largo del procedimiento». Por tal motivo ordenó la continuidad de la explotación durante 30 días más.

Cristóbal López y Fabián De Sousa, propietarios del Grupo Indalo, junto a los administradores Ignacio Rosner y Santiago Enrique Dellatorre, tendrán una audiencia en septiembre «a fin de brindar las explicaciones que le serán requeridas en pos de determinar la composición del activo de la quebrada. Ello, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de ordenar su concurrencia por la fuerza pública», ordenó Cosentino.

Se inicia ahora una etapa de desmembramiento de la empresa. Los interesados ya no deben adquirir -como en el salvataje-, la totalidad de la compañía, sino que podrán ofertar sólo por el activo que les resulte más beneficioso.

El Estado busca cobrar la multimillonaria deuda que el Grupo Indalo generó con la Afip, pero con la firma en quiebra esto llevará más tiempo y no está garantizado que se logre recuperar la totalidad de la suma reclamada: 17.000 millones de pesos.